28,000 Muertes en Mexico y aumentando…


Expongo un extracto de la carta que le fue enviada a Felipe Calderón por Human Rights Watch con motivo de la violencia desatada en México y la falta de respeto a los derechos humano en esta “Guerra contra el narco”. El motivo por el que la presento ante ustedes mi compañeros es por que tenemos que descubrir cual es el motivo verdadero que se persigue con esta tan mencionada guerra, ¿Qué es lo que realmente quieren lograr con esta violencia? ¿Realmente es para terminar con la droga que se produce en el país o es una guerra para obtener su control? ¿Qué hay detrás de todo esto?

Cuando se refiere en el texto a S.E. me imagino que es una abreviación de “Su Excelencia”

Washington, DC., 24 de septiembre de 2010, Su Excelencia Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de México, Los Pinos, Distrito Federal, MEXICO.

Asunto: Seguridad pública y derechos humanos

Estimado Presidente Calderón:

Nos dirigimos a S.E. con el fin de manifestar nuestra preocupación por los mensajes contradictorios que ha expresado en relación con la necesidad de proteger los derechos humanos en México…

Coincidimos con S.E. en que México se encuentra inmerso en una grave crisis de seguridad pública que, hasta el momento, como S.E. lo ha reconocido públicamente el pasado mes de agosto: “no ha sido solucionado adecuadamente”… La rivalidad entre carteles y las pugnas en su interior, así como los enfrentamientos armados entre sus miembros y las fuerzas de seguridad, han causado la muerte de más de 28.000 personas durante su gobierno, según el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Esta violencia pone en riesgo la seguridad y el bienestar de la población general y afecta muchas de las libertades fundamentales de los ciudadanos, como su capacidad de expresarse abiertamente, circular libremente y participar políticamente en la sociedad. En épocas de violencia extrema, el gobierno tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales de la población en lugar de ignorarlos con el pretexto de restablecer la seguridad…

Lamentablemente, desde que su gobierno movilizó a decenas de miles de soldados para combatir la violencia relacionada con el narcotráfico, se ha registrado un drástico incremento de las violaciones de derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) ha comprobado que en más que 60 casos de abusos graves cometidos durante su gobierno, como ejecuciones ilegales, violaciones sexuales y torturas…

Contradicciones:

El 19 de agosto, en un diálogo con miembros del Congreso, cuando estos se refirieron a los abusos generalizados cometidos durante su gobierno, su respuesta fue la siguiente: “Quisiera refrendar la convicción del Ejecutivo Federal, de que la premisa mayor es la protección de los derechos humanos en este combate”.

Una semana después, manifestó en una entrevista de radio: “Como muchas veces dicen, aquí, a cada rato vienen a decir que las violaciones a derechos humanos del Ejército y una serie de cantaletas que también ya empiezan a cansar, que no son ciertas, porque se respeta la dignidad de los criminales, y se les pone ante el Juez y todo”.

Anunciar el compromiso del gobierno con los derechos humanos tiene escaso valor si, al mismo tiempo, se afirma que las denuncias de violaciones de derechos humanos “no son ciertas” o que las autoridades simplemente no cometen abusos.

De otra parte, resulta crucial fortalecer de manera sustancial la efectividad de las fuerzas de seguridad: el restablecimiento de la confianza de la población es una condición fundamental para conseguir el apoyo de la comunidad, que es, a su vez, necesario para detectar la actividad criminal e identificar a miembros de carteles violentos y funcionarios corruptos y abusivos. Combatir los abusos y proteger los derechos no es incompatible con la adopción de una política de seguridad pública firme. Es, más bien, una condición necesaria.

Como se señaló anteriormente, la cantidad de violaciones de derechos humanos cometidas por militares aumentó drásticamente durante su gobierno… Según los datos más recientes proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), durante su gobierno los tribunales militares han condenado a un sólo militar por cometer una violación de derechos humanos.

En una conferencia de prensa ofrecida unas semanas antes en Ciudad Juárez, luego de una escalofriante ola de asesinatos, el Dr. Gómez Mont acusó a los medios de fomentar las divisiones entre el público y el gobierno a través de su cobertura periodística de la violencia. De manera similar, el entonces Secretario de Turismo Rodolfo Elizondo señaló que “la insistencia de algunos medios de comunicación que dan mucha importancia a todo lo que sucede en el país en materia de crimen organizado” ayuda a que se deteriore la imagen de México en el exterior…

Tijuana no es un modelo de seguridad pública

El pasado mes de julio, S.E. designó al señor José Francisco Blake Mora, ex Secretario del Gobierno de Baja California, como su Secretario de Gobernación. Al anunciar sus condiciones y experiencia, S.E. se refirió varias veces a su “papel fundamental para hacer frente de manera decidida al problema de la violencia y al crimen organizado en Baja California”. Estos comentarios fueron coincidentes con declaraciones anteriores en que se presentó a Tijuana como un modelo de cómo la estrategia contra el narcotráfico del gobierno -en especial la movilización de militares- había tenido resultados positivos y concretos.

 No obstante, las investigaciones de Human Rights Watch demuestran que Tijuana está lejos de ser un modelo de operativo de seguridad pública. En abril, realizamos una misión de investigación en Tijuana y recibimos denuncias creíbles de uso sistemático de tortura por el Ejército en más de 100 casos desde el año 2009 inclusive de personas que presuntamente habrían sido detenidas de manera arbitraria, transportadas a bases militares y torturadas con el fin de obtener confesiones falsas. Las tácticas de tortura descritas responden a un patrón: según las víctimas y sus familiares, quienes les interrogaban, les vendaban los ojos, los golpeaban, les aplicaban descargas eléctricas en los genitales, amenazaban con matarles y los asfixiaban colocándoles bolsas de plástico en la cabeza. Durante la detención y los interrogatorios, las autoridades no informaron a las familias de los detenidos sobre su paradero. En varios casos, las víctimas afirmaron que las autoridades civiles colaboraban durante los abusos. Así, por ejemplo, la policía participaba durante las detenciones arbitrarias del Ejército y agentes del Ministerio Público habrían estado presentes cuando firmaban las confesiones extraídas bajo tortura.

A conclusiones similares ha llegado la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California. Por ejemplo, en un exhaustivo informe publicado en agosto de este año concluye que, en agosto de 2009, cinco personas fueron detenidas en forma arbitraria por un grupo de policías, quienes las mantuvieron incomunicadas, las torturaron y prefabricaron evidencias. El informe comprobó que el jefe de la policía municipal no sólo estuvo presente durante las torturas, sino que asfixió personalmente a una de las víctimas colocándole una bolsa de plástico en la cabeza y le propinó varios golpes. En lugar de usar esta información para abordar y procurar solucionar el problema, el jefe de policía desestimó los descubrimientos de la procuraduría y señaló que existían “intereses oscuros” detrás de la investigación. El alcalde de Tijuana, por su parte, advirtió que “no sean utilizadas instituciones defensoras de derechos humanos por delincuentes que roban la tranquilidad a la población”.

La movilización de militares en Tijuana tampoco ha logrado reducir el número de asesinatos. Según información proporcionada por el gobierno del estado, durante 2007 se registraron 337 homicidios, mientras que en 2008 la cifra fue de 884, y en 2009, de 664. Desde el comienzo del año hasta el 28 de agosto de 2010, 531 personas fueron asesinadas en Tijuana, lo cual sugiere que este año podría ser uno de los más violentos en dicho estado.

Presentamos estas recomendaciones pues creemos honestamente que, si fueran implementadas, no sólo ayudarían a proteger los derechos fundamentales, sino que además reforzarían las iniciativas del país para combatir el crimen organizado. Sinceramente esperamos que S.E. las tome en cuenta al momento de evaluar las reformas a la estrategia de seguridad pública de su gobierno en un futuro próximo.

Aprovecho la oportunidad para expresarle a S.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

José Miguel Vivanco

Human Rights Watch

CC: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Arturo Sarukhan, Embajador de México en los Estados Unidos; Carlos Pascual, Embajador de los Estados Unidos en México

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